España obtiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los próximos dos años.
El pasado 15 de octubre, el presidente Obama mantuvo una videoconferencia con los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia para coordinar la acción de la comunidad internacional en su lucha contra la crisis del ébola. Inexplicablemente, el presidente del Gobierno español no fue invitado a participar en esta ciber-reunión. Y ello, pese a que España ha sufrido el primer contagio fuera del continente africano.
Puede que Mariano Rajoy aprovechara este ninguneo para comunicar las últimas instrucciones al embajador-representante permanente de España en Naciones Unidas; o para desearle suerte ante la votación que solo un día después, el jueves por la tarde (hora española), concedió a España un asiento en el Consejo de Seguridad para los próximos dos años.
Como afirma el diplomático retirado Inocencio Chencho Arias en su blog, el hecho de pertenecer a la aristocracia onusiana —aunque sea temporalmente— es ciertamente importante. Se me ocurren dos razones fundamentales. La primera es bastante obvia y compartida por la gran mayoría de internacionalistas: el Consejo de Seguridad es el órgano en el que se toman las decisiones relevantes, las que tienen verdadero efecto sobre el terreno. Que vaya por delante que no es mi intención ningunear el papel de la Asamblea General, o menospreciar la intensa y sacrificada labor de organismos especializados como ACNUR y UNICEF y programas ejemplares como el PNUD (es esta una lista no exhaustiva).
Ahora bien, es necesario recordar que la Carta de San Francisco otorga al Consejo de Seguridad la función primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. De hecho, le reserva la autorización del uso legítimo de la fuerza armada (Capítulo VII), entre otras medidas coercitivas. Así ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La segunda razón es que la pertenencia a este selecto club es sinónimo de visibilidad inmediata, de posicionamiento, y una herramienta automática para ejercer presión e influencia. Lo que no significa tener un carné de socio VIP para acceder a los más sofisticados nightclubs de la Gran Manzana (The Big Apple) o a exclusivos salones privados de fumadores. Es mucho más que todas esas banalidades que, pese a su existencia, hoy en día podrían ser consideradas la excepción que confirma la regla. Y si no, que se lo pregunten a los diplomáticos que prestan sus servicios en países como Yemen o Somalia, por poner algunos ejemplos.
Formar parte del Consejo de Seguridad constituye una gran oportunidad para dar un impulso definitivo a nuestra diplomacia económica, famélica de contratos para las empresas españolas. Reconozcámoslo: esta es la verdadera esencia de nuestra marca España; la que permite llevar valor añadido más allá de nuestras fronteras y ensanchar la senda abierta por alguna de nuestras compañías más internacionales para que, progresivamente, vayan sumándose (aunque sea indirectamente) las pequeñas y medianas empresas, el verdadero tejido empresarial de nuestro país.
Sobra decir que España siempre ha mantenido un serio compromiso con Naciones Unidas, tanto en la esfera política —mediante el apoyo incondicional a los principios y valores de la organización— como en la práctica. Sirva como ejemplo el impulso de iniciativas como la Alianza de Civilizaciones y la Estrategia Global contra el Terrorismo. Pero también el despliegue de más de 137.000 soldados en 28 misiones de paz desde 1989. El territorio español acoge, asimismo, un gran centro de comunicaciones de Naciones Unidas (Valencia) y, desde hace poco, una de las mayores plataformas logísticas de respuesta humanitaria del Programa Mundial de Alimentos (Canarias).
Con la elección de nuestro país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad se recompensa la intensa labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la preparación y defensa de la candidatura. Y ello, en un año en el que también se ha procedido a la reforma del servicio exterior en su conjunto. En 2014 se han aprobado la nueva Ley de Acción Exterior y el Reglamento de la Carrera Diplomática. Pero, sobre todo, España adquiere un instrumento esencial para elevar su perfil internacional e impulsar las dimensiones de su diplomacia pública y económica. A partir de hoy España cuenta más. ¿Llamará Obama ahora a Rajoy?
